Una variante del vocablo
genocidio, que “comprende cualquiera
de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a
un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal; estos actos
comprenden la matanza” es el de
feminicidio “un neologismo creado a través de la traducción del vocablo
inglés femicide y se refiere al asesinato evitable de mujeres
por razones de género…
dentro de la esfera de la violencia contra la mujer, pero también
toma otras formas” Ambas definiciones de la Wikipedia son conceptos
lejanos, hasta que la realidad cercana se contrasta con las cifras oficiales,
con las noticias recientes, con las posiciones públicas, con la indiferencia
del gobierno, con los correos de voz, y con la macabra posición que ocupa el sur
del estado de México, en la criminal y vergonzosa relación nacional, de mujeres
muertas, donde Tlatlaya es el primero y Tejupilco tercero lugares, por
asesinatos en términos relativos, por
cada 100 mil mujeres.
Una profusa investigación de
Humberto Padget y publicada en la revista Emeequis (no. 219 abril-2010) ya había
alertado de este terrible fenómeno. Con base en información de la Secretaría de Salud
del Gobierno Federal, para el periodo 2000-2009. Los resultados indican que el
recuento comprende el asesinato de 12, 636 mujeres en todo el país, de las
cuales 2,881 han sido cometidos en el Estado de México, contra 408 en Ciudad
Juárez, donde esta práctica aberrante, ha llevado a ser conocida mundialmente
como “las muertas de Juárez”.
Sin embargo, los hechos ocurridos
en las ultimas tres semanas, tras las elecciones que le dieron el triunfo
virtual al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, han alertado nuevamente a la
sociedad, de los vicios y perversiones que se han instaurado como forma de
dominio y control en la entidad. Han recordado, además que Peña Nieto es
señalado de utilizar la violencia en contra de las mujeres de San Salvador
Atenco; de ser al menos sospechoso por omisión, de la muerte de su esposa Mónica
Pretellini; de paternidad irresponsable e incluso, acusado en los medios
telenoveleros que tanto encantan a este mal-hombre, mal-padre y mal-esposo, de
emplear violencia física en contra de su actual esposa, “la Gaviota ”
Es el estilo estatal, “mi gusto
es regional” Es una vergüenza nacional, que localmente se premia, festeja y
presume. Es la seguridad en la impunidad total, como en el caso reciente,
degradante de la violación tumultuaria de jovencitas que acampaban en la región
del “Colibrí” al oriente del estado de México, hace unos días, tanto como la
exhibición frente a las cámaras de TV de los “culpables” y la “explicación” (parecía
fascinado con el relato) del Procurador del estado de México, del modus operandi de los bestiales y
cobardes atacantes. Por la misma razón Rocío García Gaytán, presidenta del
Inmujeres, catalogó de discriminatoria la afirmación del procurador del estado
de México, Alfredo Castillo, respecto a que muchas de las mujeres asesinadas “ni
siquiera eran originarias” de la entidad. Es la forma que adopta el feminicidio
mexiquense, arropado, solapado y tolerado por los mismos legisladores que ahora
“claman” por la “castración química”… ¡no tienen madre!
Son los casos de Jessica Lucero de 14 años de edad, vecina de
Ecatepec, quien tras ser violada y vejada por Carlos García Sanjuán, alias “El Quico”, de 22 años de edad, el pasado
mes de junio y pese a la declaración de la victima y la probable identificación
de su agresor, los ministerios públicos y elementos policíacos que se
encontraban presentes solicitaron a la familia dos mil pesos para “agilizar las
investigaciones”, según denunció la madre de la joven asesinada (que ahora
pide protección por amenazas de los familiares de este imbecil). Un mes
después de la denuncia, esta jovencita fue encontrada muerta en un lote
baldío de la colonia El Parque.
El horroroso expediente de Jessica se une a otros de fechas recientes:
Entre el 24 de junio y el 6 de julio, en Ecatepec aparecieron tres cuerpos de
mujeres quemados y desmembrados, mientras dos hombres estuvieron a punto de ser
linchados por los rumbos de la unidad FOVISSSTE y la colonia Altavilla, por
vecinos indignados, que los capturaron tras abusar sexualmente de otras dos
mujeres, una de ellas, menor de edad.
Tampoco se puede dejar de
mencionar en estos momentos de indignación y alarma social el extraño caso de
la detención y posterior fuga del asesino confeso César Armando
Librado Legorreta, alías “El Coqueto, al que se le acusaba de haber
perpetrado al menos ocho asesinatos de mujeres en la zona del Estado de México.
Ni de los innumerables casos de mujeres desaparecidas, de la negligencia en la
aplicación de protocolos de identificación, del destino de mujeres muertas sin
identificar y de la obstinación del estado de México, a no apegarse y acatar
las disposiciones derivadas de la sentencia conocida como “Campo Algodonero”,
emitida en contra del Estado mexicano por la Corte Interamericana
de los Derechos Humanos, para que elabore bancos de datos genéticos, de las
mujeres enviadas a la fosa común.
Sin embargo, para quienes vivimos
en el Estado de México y particularmente quienes somos vecinos sureños, las
cifras resultan más escalofriantes. Por cada cien mil mujeres, los indicadores
del asesinato de mujeres arrojan que el promedio nacional es de 2.4 mujeres y
que si en Juárez este indicador asciende a 6.4, en el Estado de México, 100 de
los 125 municipios presentan índices superiores al promedio nacional. Que la
media de todo el Estado de México es casi el doble del promedio nacional con
4.1, pero que el municipio de Tlatlaya observa el indicador más alto de todo el
país, con 12.2 mujeres asesinadas por cada cien mil mujeres, seguido por Nopaltepec
con 9.8 y Tejupilco ocupa el deshonroso y triste tercer lugar, con un promedio
de 8.9 mujeres muertas por estas causas.
El horror resulta aun mayor, en
el sur del estado de México, cuando es sabido, aunque es callado por
complicidad, por miedo, por costumbre, que existe otra forma de violencia en
contra de las mujeres sureñas. Es feminicidio también, porque las intenta
destruir, atenta contra su género y su ser humano. Se trata del acoso sexual y
la corrupción personal, que es una práctica pervertida, maligna y permitida,
tolerada. Es una forma incalificable de agresión común en las escuelas, por los
maestros, los directivos, son los burócratas, y son los funcionarios públicos
que a cambio de calificaciones, oportunidades, becas, empleo, cerveza, vino y
licores, doblegan y someten, envician y destruyen a muchísimas mujeres
adolescentes y jóvenes, indefensas, solitarias, ante estos arteros ataques. O
peor aun, algunas, patéticamente comprobable, terminan fascinadas por ser parte
de las fantasías que tocan y cantan las letras de la música que ameniza sus
pachangas decadentes…
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